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Fuente El Cronista

Facilitan trámites de habilitación para los puertos y se elimina virtualmente el impuesto a Entradas, Faros y Balizas en el puerto de Buenos Aires.

Hace 28 años, y como presidente del Consejo Portuario Argentino, el hoy subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación Jorge Metz propuso un sistema más sencillo para la habilitación de los puertos, que por aquél entonces requerían de un decreto presidencial para cada caso.

No es casual entonces que muchos puertos públicos, construidos y/o licitados por el Estado nacional, no se encuentren habilitados. De los 31 puertos públicos existentes, sólo lo lograron 7 debido a la exagerada burocratización de los procedimientos aplicables.

En el caso de los puertos privados, millonarias inversiones se realizaron bajo habilitaciones provisorias cuya renovación semestral dependía del funcionario de turno con la consiguiente inseguridad jurídica del caso.

Esta historia cambiará a partir del dictado del decreto de necesidad y urgencia (DNU) donde el Gobierno Nacional anunció medidas para “simplificar los trámites con el Estado, eliminar trabas burocráticas, y generar empleo”.

La norma establece que se delega la habilitación de puertos en el Ministerio de Transporte para reducir burocracia. Con esta medida, se habilitan de forma sencilla los puertos públicos y particulares con permiso precario. Y se delega en el ministerio de Transporte la aprobación del resto.

“Antes tenían cada seis meses la habilitación precaria de un funcionario, que tal vez recibía algún favor para renovarla. Ahora estamos dando señales de seguridad jurídica. Normas claras e iguales para todos logran que el sector portuario sea de los que más inversiones está haciendo en Argentina, junto al energético y la construcción”, dijo a Transport & Cargo el Ministro de Transportes Guillermo Dietrich.

El DNU también establece la posibilidad que los puertos puedan imponer multas. Actualmente, ante el incumplimiento sobre la normativa vigente, se cuenta sólo con elementos disciplinarios extremos como la suspensión de la habilitación por tiempo determinado y caducidad de la habilitación. Al ser tan extremos, no se terminan implementando.

Otra novedad es la delegación de aprobación de excepción a la Ley de Cabotaje que ahora recae en la Subsecretaría de Puertos. El procedimiento actual es sumamente burocrático, debiendo el cargador solicitar el pedido de excepción, consultando con las cámaras empresarias la disponibilidad de buque de bandera nacional para la operación requerida. Ahora se delega el trámite de excepción en la subsecretaría que es quien lo venía haciéndolo pero de manera irregular. Se sistematiza el proceso y se permite que se mejore el trámite por vía reglamentaria.

Sin impacto

Otro de los temas por los que Jorge Metz luchó en los 90, como presidente del Consorcio de Gestión Puerto La Plata, fue la eliminación de la tasa de Entradas Faros y Balizas.

“Se trata de una ley de los años 40 que está totalmente desactualizada pero aún vigente y que obliga a los puertos a cobrar el impuesto que luego debe ser transferido al Tesoro Nacional. Como la única manera de eliminarlo es derogando la ley, en su momento en La Plata tomamos la decisión de colocar el coeficiente en 0,0001 para evitar la imposición. Apuntamos a que el Congreso derogue la ley. Ya estamos trabajando en eso y esperamos que sea una de las primeras decisiones del año parlamentario”, señaló Jorge Metz.

Quien acaba de seguir los mismos pasos a la espera de la derogación legislativa fue el puerto de Buenos Aires. El gobierno nacional dispuso reducir hasta un valor simbólico de un milésimo de dólar este impuesto, por parte de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP), en razón de que los pagos actuales “encarecen significativamente el ingreso de buques”. El ministro Dietrich, determinó la reducción de las tarifas a través de la resolución 27-E. Según los considerandos de la norma, esos conceptos provocan un perjuicio “por la pérdida de competitividad ante otros puertos de la región”, a la vez que “desfavorecen el comercio exterior”. Hasta el momento la AGP cobra por este concepto u$s 1,37 por Teu, (unidad de medida en contenedores de 20 pies). Para un buque clase A, de 1.157 Teus el pago actual por entrada, faros y balizas ronda los u$s 1.500, mientras en las embarcaciones clase B de hasta 3.739 Teus, la tarifa se eleva a u$s 3.650.